La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que la causa incoada contra el exintendente de la municipalidad de Zárate, Osvaldo Cáffaro, otros exfuncionarios municipales y dos empresarios deberá continuar bajo la órbita del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 5 de San Martín.
La decisión firmada el 26 de marzo de 2026 por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti puso fin a una larga contienda de competencia entre la Justicia federal y el Juzgado en lo Correccional número 2 de Zárate-Campana.
El expediente ya fue elevado a juicio oral por una presunta maniobra fraudulenta vinculada con fondos enviados por el exministerio de Planificación Federal para obras de seguridad eléctrica en el distrito.
Además de Osvaldo Cáffaro, deberán afrontar el debate oral los exfuncionarios municipales Pablo Andrés Giménez, Osvaldo Nicolás Caccaviello y Salvador Carlos Ingrassia. También se encuentran imputados Gustavo Alberto Castillo y Santiago Rottari, vinculados a la firma C&E Construcciones SA, la empresa contratista que intervino en los trabajos investigados.
La acusación comprende los delitos de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública, falsificación de documento público y utilización de documentación ideológicamente falsa.
El fallo no determina todavía la responsabilidad penal de los acusados, sino que define definitivamente qué tribunal deberá juzgarlos y habilita la continuidad del debate oral en la sede judicial correspondiente.
Según surge de la resolución, el Estado nacional había comprometido una suma total de 50,8 millones de pesos para realizar obras de seguridad de energía eléctrica en el marco de la avenida Circunvalación Sur, tramo I, de Zárate.
La investigación sostiene que las tareas que finalmente se ejecutaron no coincidían con las previstas en los acuerdos firmados con el exministerio de Planificación Federal ni con el pliego de la licitación pública 29/2013 convocada por la comuna. En particular, se investigó el destino del primer desembolso nacional, por 10.164.000 pesos, que habría sido utilizado para una finalidad diferente de aquella para la cual había sido transferido.
De acuerdo con la acusación, Osvaldo Cáffaro y el entonces secretario de Obras y Servicios Públicos, Pablo Andrés Giménez, presentaron posteriormente ante el organismo nacional una nota solicitando un segundo desembolso por 15.246.000 pesos. A esa presentación habrían adjuntado un certificado de avance de obra con contenido falso, mediante el cual se justificaba la utilización del primer giro de dinero.
La fiscalía sostiene que los involucrados conocían que las obras desarrolladas no guardaban relación con los compromisos suscriptos con la Nación ni con el contenido de la licitación municipal.
El proyecto original contemplaba el soterramiento de cuatro líneas de alta tensión. Sin embargo, de acuerdo con los antecedentes incorporados al fallo, esas obras no habrían sido realizadas. La intervención nacional estaba relacionada con el riesgo que generaba el trazado existente para las personas que habían construido viviendas debajo de las líneas eléctricas.
La Cámara Federal de San Martín ya había destacado en 2019 que se trataba de obras vinculadas con el sistema interconectado nacional y con un servicio público de interés directo para el Estado nacional. Ese elemento resultó determinante para sostener la competencia en la órbita de los tribunales nacionales.
Las defensas buscaron que el expediente saliera de la sede nacional y fuera remitido a la Justicia provincial. Su argumento central fue que, una vez transferidos, los fondos habían ingresado a las arcas de la municipalidad de Zárate. Desde esa perspectiva, consideraban que cualquier irregularidad posterior debía ser investigada y juzgada por los tribunales bonaerenses.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) Nro. 5 de San Martín aceptó inicialmente ese planteo y declaró su incompetencia. Sin embargo, el Juzgado en lo Correccional Nro. 2 de Zárate-Campana rechazó recibir la causa al considerar que la presunta presentación de documentación falsa ante un organismo nacional comprometía intereses directos del Estado.
A partir de esa negativa quedó planteado un conflicto entre ambos órganos judicial que debió ser resuelto por el Máximo Tribunal. La Corte sostuvo que la maniobra habría incluido la presentación de un documento ideológicamente falso ante autoridades para obtener dinero del Tesoro, afectando el normal funcionamiento de los organismos nacionales.
La Procuración General de la Nación también había recomendado mantener el expediente en el fuero inicial, al señalar que la investigación comenzó en 2017 y que trasladarla a otra jurisdicción provocaría nuevas demoras. Con esta resolución, quedó despejado el obstáculo procesal para avanzar hacia el debate oral.
Fuente: REALPOLITIK
