La detención de Enrique Gamerro por tenencia de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI) provocó un fuerte sismo político en San Nicolás. Mientras el passaglismo mantiene un hermético silencio, Hechos -el partido creado por los Passaglia– refleja una tensión creciente.
El foco de la tormenta no solo se centra en la gravedad de la imputación que pesa sobre el abogado de Barrio Somisa de San Nicolás, sino en la responsabilidad institucional que el oficialismo le otorgó apenas semanas atrás. Al ser incluido como uno de los diez Mayores Contribuyentes titulares del passaglismo, Gamerro adquirió el poder de convalidar los aumentos de tasas e impuestos que afectan a todos los nicoleños.
Desde los bloques de la oposición no tardaron en manifestar su profunda preocupación. Fuentes legislativas señalaron que resulta “inadmisible” que una persona con el historial de Gamerro -quien arrastra más de dos décadas de litigios por estafas y falsificaciones- haya superado los filtros de selección de la fuerza gobernante.
“Para proponer a alguien a decidir sobre el bolsillo de los vecinos se requiere idoneidad moral, no solo capacidad económica”, fustigó un edil opositor bajo estricto ‘off the record’.
En las próximas horas se formalizaría un pedido de informes para exigir que el passaglismo detalle los criterios utilizados para confeccionar la lista elevada el pasado 16 de junio.
La situación plantea además un complejo desafío administrativo para el Concejo Deliberante. Aunque Gamerro recuperó la libertad tras el allanamiento en su propiedad de la calle Islas Malvinas al 1500, el proceso penal a cargo del fiscal Jorge Leveratto sigue su curso de manera sumaria.
Especialistas en derecho público advierten que la Ley Orgánica de las Municipalidades posee grises respecto a la destitución de un Mayor Contribuyente ya designado, salvo por causales de incapacidad o pérdida de la condición de elector en el distrito. Sin embargo, la presión social y el costo político para el oficialismo podrían forzar una renuncia del propio imputado para descomprimir la crisis.
Impacto en el calendario fiscal.
El escándalo estalla en un momento crítico del año legislativo. El debate de las ordenanzas Fiscal y Tarifaria suele ser el escenario de mayores disputas entre el Ejecutivo y la oposición. La presencia -siquiera nominal- de un imputado por delitos informáticos graves y tenencia de armas sin autorización tiñe de sospechas cualquier acuerdo tributario futuro.
El costo de sostener a Gamerro en la nómina parece ser demasiado alto, incluso para un espacio acostumbrado a blindar sus decisiones con mayorías automáticas.
